El régimen cubano intenta mantener a sus ciudadanos al margen de la Red. La compra de material informático se encuentra estrictamente regulada, el acceso a Internet controlado y las comunicaciones electrónicas estrechamente vigiladas. Las actas de acusación de la mayoría de los periodistas independientes encarcelados en marzo de 2003 incluyen referencias a su actividad en Internet.
La libertad de expresión está proscrita en Cuba, la mayor cárcel del mundo para los periodistas. El régimen, demasiado dedicado al control de la información destilada para sus ciudadanos, no tolera ninguna prensa independiente. En relación con Internet, el gobierno ha adoptado una postura paradójica. Forma a miles de estudiantes en las nuevas tecnologías -de fuente oficial, actualmente se estarían formando cerca de 30.000-, pero impide a la gran mayoría de la población acceder a la Red. A veces, las autoridades presentan el Net como "la gran enfermedad del siglo XXI", porque surte a los internautas de informaciones "contrarrevolucionarias". Pero es también una baza inevitable para el desarrollo económico del país, como repite hasta la saciedad González Planas, el Ministro de Telecomunicaciones cubano.
Cuba es hoy uno de los diez países más represivos del mundo con la libertad de expresión en la Red. Este medio de comunicación se reserva para una élite cercana al poder. Pero, incluso esos pocos privilegiados frecuentemente solo acceden a una Intranet, especialmente concebida y filtrada por las autoridades.
Los cubanos han encontrado medios para eludir la omnipresente censura del Estado, comprando el acceso a Internet en el mercado negro, o compartiendo las pocas conexiones autorizadas. Sin embargo, el gobierno actúa severamente contra cualquier utilización "ilegal" de la Red. Por otra parte, los tribunales de la isla cada vez usan más una nueva acusación, la utilización "contrarrevolucionaria" del Net, para condenar a los disidentes.
La compra de material se encuentra estrictamente controlada
Las restricciones materiales son el principal obstáculo para una expansión de la Red al público en general. Por una parte, la densidad telefónica no pasa de seis líneas por cada cien habitantes. Por otra, el coste prohibitivo de las comunicaciones telefónicas internacionales (dos dólares el minuto con Estados Unidos), y la escasez de líneas internacionales, concedidas con criterios políticos y estrictamente vigiladas, impiden cualquier conexión a través de un proveedor de acceso situado en el extranjero.
Los equipos necesarios, incluidos los más recientes, solo están disponibles en los almacenes del Estado especializados, a los que únicamente pueden acceder las personas autorizadas. Además, desde enero de 2002 una orden del Ministerio de Comercio Interior prohíbe la venta a los particulares, en los almacenes del Estado, "de ordenadores, impresoras, multicopistas, fotocopiadoras y cualquier otro instrumento de impresión masiva". Si se considera indispensable hacer esa compra hay que solicitar autorización en el Ministerio de Comercio Interior. Antes de esa fecha ya estaba prohibida la venta de modems al público. En esas condiciones, Internet en Cuba aparece como un fenómeno limitado, mientras que las empresas informáticas cubanas demuestran un perfecto dominio de esta nueva tecnología.
El acceso a Internet sometido a autorización
El gobierno ha legislado desde el mismo momento de la aparición de Internet en la isla. En junio de 1996, el Decreto-ley 209, titulado "Acceso desde la República de Cuba a la red informática global", precisa que su utilización no puede hacerse "violando los principios morales de la sociedad cubana o las leyes del país", y que los mensajes electrónicos no pueden "comprometer la seguridad nacional".
Para conseguir la acreditación obligatoria, los cubanos que quieren disponer de un acceso a Internet, o utilizar los puntos de acceso abiertos al público, tienen que dar una "razón válida" y firmar un contrato de utilización, con cláusulas restrictivas. Igual que para el teléfono, el procedimiento requiere el acuerdo de ETEC SA, único operador de telecomunicaciones del país, y después el de una comisión local dependiente del Comité de Defensa de la Revolución, que _evalúa los méritos del demandante.
Según el Decreto-ley 209, el acceso se concede "en virtud de reglamentos que dan prioridad a las entidades e instituciones que puedan contribuir a la vida y el desarrollo de la nación". A este título, y al margen de las embajadas o sociedades extranjeras, pueden pretenderlo las personalidades políticas, altos funcionarios, intelectuales, profesores universitarios, investigadores y periodistas oficiales ; los cuadros de las empresas culturales dedicadas a la exportación o de las empresas informáticas, así como la jerarquía católica.
El 13 de enero de 2000 se creó un Ministerio de Informática y Comunicaciones para "regular, dirigir, supervisar y controlar la política cubana en materia de tecnologías de la comunicación, la informática, las telecomunicaciones, las redes informáticas, la radiodifusión, el espectro radioeléctrico, los servicios postales y la industria electrónica".
Las mensajerías electrónicas bajo vigilancia
Desde septiembre de 2001, en los puntos de acceso ETEC SA, los cubanos pueden acceder a un servicio de correo electrónico nacional, sin conectarse a la Web, tras conseguir una dirección de e-mail personal. Una tarjeta nominativa de acceso al servicio cuesta 3,5 euros, para un uso de tres horas (el salario medio de un cubano está entorno a los 10 euros). Las tarjetas son nominativas. Cada comprador tiene que justificar su identidad, rellenar un formulario detallado, y se registran sus datos. Así, el proveedor de acceso puede controlar cualquier correo recibido o enviado, antes de emitirlo o entregarlo a su destinatario. Según algunas declaraciones oficiales, Cuba tendría hoy 480.000 cuentas de e-mail.
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