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Un disidente cubano que estaba encarcelado y llevaba 83 días en huelga de hambre murió el martes, informó su madre. Es la primera vez en casi 40 años que un activista de la isla muere de hambre para protestar por los abusos del gobierno.

"Ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, ya acabaron con él. La muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado'', afirmó a El Nuevo Herald Reina Luisa Tamayo, refiriéndose a las autoridades cubanas. "Lograron lo que ellos querían. Acabaron con la existencia de un luchador por los derechos humanos''.

Es la primera vez que un opositor del gobierno comunista de la isla muere debido a una huelga de hambre desde que en 1972 falleció en la cárcel Pedro Luis Boitel, poeta y líder estudiantil que luchó primero contra la dictadura de Fulgencio Batista y luego contra la de Fidel Castro.

Zapata Tamayo, de 42 años, que era plomero y albañil, dejó de ingerir alimentos sólidos el 3 de diciembre pasado, para protestar lo que describió de golpizas sistemáticas de los guardias y muchos otros abusos que se cometen en la prisión de Kilo 7, en la provincia de Camagüey.

Activo en varias organizaciones de disidentes, Zapata Tamayo fue arrestado en el 2003 en medio de una ola de represión del gobierno que condenó a 75 críticos del gobierno a largas sentencias de cárcel. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.

Acusado inicialmente de desacato, desorden público y ‘‘desobediencia'', y sentenciado a tres años, fue hallado culpable de otros actos desafiantes cuando estaba preso y en el momento de su muerte enfrentaba un total de 36 años de prisión.

La prensa cubana, controlada por el gobierno, no ha informado de su muerte y el portavoz de la misión diplomática cubana en Washington no pudo ser localizado para conocer sus comentarios.

El martes se informó que en las calles de varias ciudades cubanas se podía ver una presencia policial mayor, tal vez para evitar cualquier estallido de protestas a favor de Zapata, según el Directorio Democrático Cubano, un grupo de Miami que apoya a los disidentes en la isla.

El caso de Zapata desató varias protestas callejeras de críticos del gobierno a principios de este mes, como una donde la policía de Camagüey detuvo a unas 35 personas durante varias horas. Los detenidos después se quejaron de que algunos fueron golpeados durante las redadas.

La muerte de Zapata Tamayo ha desatado una ola de protestas en la delegación floridana al Congreso federal. El representante republicano Mario Diaz-Balart pidió al gobierno del presidente Barack Obama que "se solidarice con el pueblo cubano y deje de apaciguar al régimen castrista con conversaciones directas y concesiones unilaterales, mientras héroes como Orlando Zapata siguen muriendo en las cárceles castristas''.

Por su parte, el representante republicano Lincoln Diaz-Balart declaró que la muerte de Zapata es un crimen que "nunca será olvidado, ni prescribirá jurídicamente en el futuro''. El representante demócrata Kendrick Meek declaró que la huelga de hambre fue "un acto de convicción, un llamado a la libertad frente a la opresión''.

"Tenemos la fuerza de continuar esta lucha por los derechos humanos'', afirmó por teléfono a El Nuevo Herald José Ortiz Molina, padrastro de Zapata, quien habló desde La Habana mientras su esposa firmaba los documentos oficiales para recoger de una morgue capitalina el cadáver de su hijo.


Ortiz Molina declaró que la familia tiene pensado llevar el cadáver de Zapata a su pueblo natal de Banes, en la provincia oriental de Holguín, posiblemente utilizando el relevo de carros fúnebres de una ciudad a otra, algo común para los cubanos que fallecen lejos de sus lugares de origen.

Durante los últimos tiempos Zapata estuvo detenido en la prisión de Kilo 7, donde los guardias lo golpearon al menos en tres ocasiones días antes de iniciar la huelga de hambre, dijo su madre, y tenía la espalda "marcada por los golpes'' cuando fue trasladado el 17 de febrero al hospital Amalia Simoni en Camagüey.

Cuando llegó al hospital era sólo "piel y huesos, y su estómago era un hueco'', relató su madre en aquel momento. Había perdido tanto peso que las enfermeras tuvieron que ponerle los sueros en las venas del cuello.

Aunque su salud empeoró, Zapata siguió negándose a ingerir alimentos y la semana pasada fue llevado en una ambulancia fuertemente custodiada al pequeño hospital de la prisión Combinado del Este en La Habana, expresó su madre.

Ortiz Molina y Reina Tamayo afirmaron que su hijo después fue transferido al Hospital Hermanos Ameijeiras, considerado uno de los mejores de todo el país, en un intento de última hora por aparentar que el gobierno había tratado de salvarle la vida.

Zapata llegó allí "en estado grave'' y un alto oficial de la Seguridad del Estado a cargo de su caso le dijo a la madre el martes por la mañana que Zapata "podría morir en cualquier momento'', indicó Ortiz Molina.

"La poca vida que podía tener se le estaba acabando'', subrayó el padrastro.

Reina Tamayo, desafiante, aseguró que quería decirle al mundo "que lo que pasó con mi hijo fue un asesinato'' porque fue "golpeado y torturado'' cuando estaba en la prisión de Kilo 7.

Después que comenzó la huelga de hambre, añadió la madre, un oficial de la Seguridad del Estado que identificó como "el mayor Roilán'' y otro agente del gobierno se negaron a darle agua durante 18 días, en un intento inútil de obligarlo a que abandonara la huelga de hambre.

Tamayo declaró que planeaba celebrar un velorio para su hijo en su casa de Holguín "y siempre llevarlo cerca de nosotros, hasta los momentos finales''.




La madre de Zapata, Reina Tamayo, que acusó al gobierno de "dejar morir" a su hijo y exigió mayor presión internacional por la libertad de los presos políticos, denunció que Banes está "sitiado". Ella encabezará las exequias pues el opositor no tenía pareja ni hijos.

"Nos están impidiendo ir a darle el último aliento a la madre y llorar a nuestro muerto. Por eso le hicimos un velatorio simbólico aquí en mi casa, que está vigilada", dijo vía telefónica a la AFP la opositora María Antonia Hidalgo, desde la ciudad de Holguín, capital provincial.

La policía se apostó en los alrededores de la casa de Tamayo, la funeraria, el cementerio y la entrada al pueblo, precisó Berta Soler, del grupo Damas de Blanco -esposas de prisioneros- y quien viajó a Banes con otros dirigentes opositores, como Martha Beatriz Roque.

Mientras en Banes está previsto el funeral, en La Habana algunos ex presos políticos y opositores colocaron lazos negros en las puertas de sus casas y velas frente a la foto de Zapata, como en la vivienda de Laura Pollán, una de las líderes de las Damas de Blanco.

En un hecho inusual, el presidente cubano Raúl Castro lamentó el miércoles la muerte de Zapata, negó la práctica de torturas en Cuba como -dijo- sí ocurre en la base estadounidense de Guantánamo (este de la isla) y responsabilizó a Washington, al que acusa de financiar a la oposición con 50 millones de dólares anuales.

"Lamentamos mucho esa muerte (...) en la cárcel tuvo problemas, entonces se lo internó en los mejores hospitales pero murió (...) En Cuba no se tortura ni se asesina. Aquí no se ejecutó a nadie en forma extrajudicial", dijo Raúl Castro cuando recorría con su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el puerto de Mariel, 50 km al este de La Habana.

El caso de Zapata fue el de una "víctima más" de la "confrontación que tenemos con EEUU", añadió Raúl Castro, quien reiteró su disposición a un diálogo con Washington en "igualdad" y con "respeto", según periodistas brasileños, únicos invitados al Mariel de la prensa internacional.

Zapata, de oficio albañil, de raza negra y quien militaba en un pequeño grupo ilegal de oposición, es el primer preso político que muere en las cárceles de Cuba desde que en 1972 falleció el disidente Pedro Luis Boitel, tras 53 días en huelga de hambre.

Amnistía Internacional lo incluía en su lista de 55 "prisioneros de conciencia", de los 200 presos políticos que registra en Cuba la ilegal Comisión de Derechos Humanos (CCDHRN). El Gobierno rechaza que en Cuba existan presos políticos y señala que quienes están detenidos afrontan cargos por actos contra la seguridad del Estado y de la población.